RUTA ELECCIONES 2016! El padrón de electores de la JCE supera los 7 millones personas. Se vaticina un mayor crecimiento, conforme avance la cedulación
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El número de votantes ya aumentó en 562,849.
SANTO DOMINGO. El número de
personas con derecho al voto se ha incrementado en el país, y ya son más
de siete millones los hábiles para sufragar, según cifras de la Junta
Central Electoral (JCE).
Estadísticas del pasado martes
13 de enero, indican que en comparación con el padrón electoral
utilizado en las pasadas elecciones del 2012, que fue de 6,502,968, el
número de votantes aumentó en 562,849, para un total de 7,065,817.
De ellos, 495,755 corresponden a
nuevos inscritos; 804 rehabilitados; 13,402 obedecen a personas que
tenían la cédula azul; 51,426 son menores que pasaron a mayores de edad;
13,016 militares que fueron dados de baja; 1,379 extranjeros
nacionalizados y 86,956 menores que serán mayores para un sub total de
662,738.
Tras ser sometidos a un proceso
de depuración, de dicha cantidad, fueron excluidos unos 87,846 personas
mayores que fueron inhabilitadas por diferentes causas, 12,041 que
pasaron de civiles a militares, y dos que cambiaron su nacionalidad,
número que hacen un total general de 562,849 votantes.
Acorde con las proyecciones de
las autoridades de la JCE, el número de las personas con derecho al voto
irá en aumento conforme se vaya agotando el proceso de cedulación.
Roberto Rosario, presidente de
la JCE, ha señalado al respecto que “el proceso de cedulación servirá
para actualizar y depurar el padrón electoral”. Dicho padrón es
actualizado todos los días.
Los datos
En el padrón de electores sólo
figuran los dominicanos aptos para votar, dado que los militares y
extranjeros no aparecen en el mismo, porque no tienen derecho al voto,
según lo establece la Constitución de la República.
Conforme al artículo 20 de la
Ley 55 de Registro Electoral, no podrán ser inscritos en el padrón: el
personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de Policía; los que
hayan sido objeto de condenación irrevocable a pena criminal, hasta su
rehabilitación; los que hayan sido objeto de interdicción judicial
legalmente pronunciada, mientras ésta dure y los que hayan admitido en
territorio dominicano función o empleo de un gobierno extranjero sin
previa autorización del Poder Ejecutivo.
