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Tomado de El Nuevo Diario
La Cámara de Diputados declaró
de urgencia y aprobó ayer en dos sesiones consecutivas el “Proyecto de
Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas”, con el voto en contra de los
legisladores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y
Revolucionario Dominicano (PRD).
Entre los artículos aprobados por los legisladores están los siguientes:
Artículos
El artículo 30 de la pieza,
sobre la campaña electoral, establece que “la JCE determinará el lugar y
proselitismo interno de los precandidatos con el propósito definir los
candidatos a los cargos de elección popular”.
En cuanto a la precampaña,
establece que se iniciará un año antes de las elecciones y que deberá
culminar siete meses antes de las elecciones generales.
“Ningún candidato que haya sido
elegido por el voto universal no podrá ser sustituido por mecanismos
internos de las agrupaciones”, dispone la legislación en conocimiento
del Congreso.
Expresa que los partidos que
desean realizar primarias internas para escoger sus candidatos mediante
la supervisión de la JCE, los recursos para realizar dicho certamen
serán descontados del aporte económico que proporciona el Estado.
En cuanto a la propaganda
permitida, la ley indica que la precampaña de los partidos o
agrupaciones se limitará a lo interno de estos.
Asimismo, prohíbe la propaganda
de pinturas en las calles, aceras y contenes, poste del tendido
eléctrico, árboles y cualquier propiedad pública, con los emblemas,
símbolos de los candidatos o partidos que sustenta el cargo.
Al referirse a los afiches,
cruza calles, calcomanías adhesivas, murales y cualquier publicidad
partidaria que no esté acorde con la ordenanza municipal aprobada
anteriormente, no podrán ser colocadas en los locales de los partidos y
agrupaciones políticas.
Se prohíbe toda propaganda que
perjudique la ética urbana, dañe el medio ambiente y los recursos
naturales y que contravengan las disipaciones y ornato municipal.
A pesar de que se declaró el proyecto de urgencia, la segunda lectura fue aplazada para este jueves.
La iniciativa contó con el voto en contra de los legisladores del PRD y el PRM.
Autor: RAMON RAMOS
El proyecto fue aprobado en
la primera lectura con 93 votos a favor y 63 en contra, pero en la
segunda lectura, donde se necesita una votación de la dos terceras
partes, el presidente solicitó un receso de cinco minutos, y al
retornar, el vocero de la bancada, Rubén Maldonado, indicó que para
buscar un consenso con las demás bancadas, pidió que el conocimiento de
la segunda lectura se aplazara para este jueves.
El presidente de la cámara de
baja, Abel Martínez, pidió que la pieza se liberara de todos los
trámites correspondientes y se leyera el informe de la comisión especial
que estudió la iniciativa.
El hemiciclo acogió una moción
del vocero de la bancada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),
Ramón Rogelio Genao, para que se declara de urgencia y se aprobara en
dos sesiones consecutivas, la que fue acogida por la mayoría de los
presentes.
Martínez aclaró que la
aprobación de la iniciativa no necesita de una votación especial, porque
no es una ley orgánica, a lo que Carlos Cabriel García señaló que el
artículo 112 de la Constitución establece que son leyes orgánicas
aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, el
régimen electoral.
Los debates en torno a la ley se
iniciaron a las 12:50 de la tarde y concluyeron con la participación de
26 diputados, y el sometimiento de las propuestas de modificaciones
propuestas.
A favor del proyecto votaron 85
diputados peledeistas y 4 lo hicieron en contra; ocho del PRSC votaron
favorable, y en contra lo hicieron los 35 del PRD, 26 del PRM y los
representantes del movimiento MODA y la Alianza por la Democracia (APD).
El pleno acogió la propuesta del
diputado peledeista Manuel Jiménez, que se modifiquen los artículos 31 y
33 del proyecto de ley.
Ahora establece que los partidos
y agrupaciones políticas tendrán a cargo la organización de las
primarias para escoger sus candidatos presidenciales, legislativos y
municipales, pero con la supervisión de la Junta Central Electoral
(JCE).
Martínez propuso un nuevo
artículo al someter la modificación con el consenso de los voceros de
las bancadas que condena “usar los bienes y los fondos públicos
pertenecientes a cualquier de los niveles o instancia del Estado en
proyectos propios o de los candidatos por ellos postulados, salvo la
contribución señalada en la presente ley”.
Esta disposición entraría en efecto a partir de la apertura de la campaña electoral por parte del organismo competente.