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Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
El procurador general de la
República, Francisco Domínguez Brito, asegura que de producirse un
descargo ante las acusaciones que el Ministerio Público ha presentado
contra los exfuncionarios de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE), se estaría enviando un mensaje negativo a
todos los funcionarios públicos de que “tienen luz verde para robar
porque no habrá sanciones”.
En ese sentido, el jefe del
Ministerio Público considera que el Poder Judicial, en esta oportunidad
representado por el juez de Instrucción Especial, Alejandro Moscoso
Segarra, debe tomar en consideración la necesidad de que en casos como
este, se pueda establecer un régimen de sanciones que permita que los
imputados asuman las responsabilidades penales y civiles, por hechos en
los que el dinero de todos y todas los dominicanos ha sido manejado de
forma alegre, mientras se violenta todos los mandatos constitucionales,
logrando, además, vulnerar todos los controles del sistema financiero y
de transparencia del Estado.
“El juez Alejandro Moscoso
Segarra debe saber que la decisión que tome en este caso, será la que
marcará el futuro de la corrupción en República Dominicana, pues la
simple posibilidad de un descargo contra un expediente que cuenta con
todos los elementos probatorios, debidamente adquiridos en el aspecto
procesal, con los que se deja en perfecta evidencia la forma operacional
de la estructura más organizada en materia de corrupción de los últimos
tiempos en nuestro país, crearía un efecto nefasto, en cuanto al manejo
de la transparencia y el debido accionar de los servidores públicos en
todas sus escalas”, manifestó Domínguez Brito.
El Procurador General considera
que en República Dominicana no se puede seguir hablando del
fortalecimiento en el sistema de justicia y del Estado de Derecho,
mientras la justicia no se aplique con la misma venda en los ojos contra
la delincuencia de cuello blanco, ya que a su juicio, este es uno de
los delitos más grave, que lacera directamente el derecho de los
ciudadanos y ciudadanas de ver manejar con transparencia y eficacia el
dinero que fruto de su esfuerzo y sacrificio, pasa a formar parte del
erario.
“El régimen de consecuencia
penal debe llegar con mayor rigor y drasticidad a las esferas más altas
del Poder, de lo contrario estamos dando riendas sueltas al manejo
“medalaganario” del dinero del pueblo dominicano y a seguir como si no
pasara nada. A la corrupción hay que ponerle un límite, un hasta aquí, y
pienso que el sistema de justicia en pleno, tiene en sus manos la mejor
oportunidad en este momento para crear un precedente que marque una
tolerancia cero contra la impunidad ante los casos como el que nos
ocupa”, expresó.
El procurador invitó a todos los
actores del sistema de justicia a reflexionar en torno a la sociedad
que realmente queremos para las próximas generaciones, asegurando que
“gran parte de la responsabilidad en torno al futuro de nuestra nación
descansa en las acciones y medidas que emanen del cumplimiento de
nuestros roles, como única garantía de hacer valer el imperio de la ley y
que este a su vez establezca un verdadero Estado de Derecho. Pienso que
ese es el ideal y la meta de todo el que se sienta ser dominicano”.