QUIEN MAL OBRA, MAL TERMINA! Dictan un año de prisión a acusados en caso Dican

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El
jefe de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional
(Dican), coronel Carlos Fernández Valerio, es visto a la salida de la
Cámara Penal de la provincia de Santo Domingo, donde anoche la titular
del tribunal, la jueza Wendy Martínez Mejía, le impuso un año de prisión
preventiva que deberá cumplir en la cárcel de La Victoria.
Dalton Herrera, Wanda Méndez
Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
La jueza de la Cámara Penal de
la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, impuso esta madrugada
un año de prisión como medida de coerción a nueve de los implicados en
el robo de 950 kilos de droga en la Dirección Central Antinarcóticos de
la Policía Nacional (Dican), incluido el director, el jefe de
operaciones, dos fiscales adjuntos y oficiales, alistados y subalternos.
Los ocho hombres fueron enviados
a cumplir la pena en la cárcel de La Victoria, mientras una raso de la
Policía, fue enviada a la cárcel de Najayo Mujeres.
La medida de coerción fue
dictada en contra de los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón
Augusto Veras Castro; el director de la Dican, coronel Carlos Fernández
Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto
Paulino López, así como el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer
teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la
raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González. La
jueza Martínez Mejía acogió el pedimento del ministerio público,
representado por el magistrado Robert Rodríguez, quien no presentó
cargos ayer en contra del mayor Carlos Amézquita Reinoso, el que tampoco
fue llevado a la sala de audiencias, mientras que el caso del oficial
Ruddy Japa fue dejado para el lunes a las 5:00 de la tarde.
Los debates
De inmediato el abogado defensor Alexander Suero, representante
de Luciano Gómez Cabrera, dijo que recurrirá en apelación la decisión
de la magistrada, debido a que había validado sin las pruebas
sufiencientes la acusación del ministerio público.
Después de más de 10 horas de
conocer el caso y escuchar los alegatos de las partes, la magistrada
Martínez Mejía se retiró a deliberar a las 6:50 de la tarde y dio a
conocer su veredicto pasada la 1:00 de la madrugada.
Algunos de los abogados de los
imputados habían pedido la libertad pura y simple de sus clientes por
alegar su inocencia y otros demandaban su libertad porque entienden que
pasaron las 48 horas para ser presentados ante un juez.
El caso se conoció bajo
estrictas medidas de seguridad, las cuales fueron reforzadas en el
Palacio de Justicia, con cordón de agentes en la parte trasera del
edificio, por donde iban a ser sacados los impu- tados. La audiencia,
que inició a las 10:00 de la mañana, fue recesada pocos minutos después,
porque uno los imputados no tenía abogado y otro no había sido llevado
al tribunal. Se reanudó próximo a las 11:00 de la mañana, cuando el
ministerio público empezó a presentar sus argumentos, siendo aplazada 45
minutos después hasta las 2:00 de la tarde, para que el ministerio
público entregara a la defensa de los imputados la solicitud de medida
de coerción y los medios de prueba, siendo continuada a esa hora, dando
la oportunidad a los abogados de los acusados para que presenten sus
argumentos.
PROCURADOR DICE QUE LAS PRUEBAS ESTÁN AHÍ
El procurador general, Francisco Domínguez Brito, advirtió ayer
que las pruebas que incriminan a los involucrados en la sustracción de
950 kilos de drogas de la Dican están ahí, por lo que asegura que no hay
motivos para descargar a los acusados. “Ahí están todas las pruebas,
los testimonios, todo, cómo ocurrió la operación, si alguien quiere
descargar a alguien no es por falta de pruebas, será por otra razones.
Ahora sí, yo advierto, si no somos duros con este tipo de situación, si
no somos intolerantes con este tipo de complicidades, si no actuamos
como tenemos que hacer, no vamos a romper esta cultura que muchas veces
se da, de complicidad”, dijo.
Domínguez Brito declaró que en
el país hay que abrir una guerra dura contra las complicidades que
durante décadas han surgido en algunas instituciones y que involucran a
quienes deben defender los intereses del pueblo. “El caso de la Dican es
uno de los casos más serios y que más atención le prestamos. El crimen
aliado, a quien debió perseguir el crimen, por eso esos oficiales y todo
el que participó es una vergu¨enza para el país, es una vergu¨enza para
todas las instituciones”, manifestó.
El jefe del ministerio público habló tras participar en el Foro Diplomacia Dominicana, en la Cancillería, que concluyó ayer.